Los desafíos de la Ley de Fomento de Reciclaje en Chile




Tras su promulgación, la reconocida “Ley REP” ha demostrado avances significativos, sin embargo, especialistas afirman que todavía queda por avanzar en exportación de residuos peligrosos, integrar la libre competencia e involucrar más a los municipios.


Han pasado cuatro años desde que Chile, en 2016, promulgó la Ley de gestión del residuo, responsabilidad extendida del productor (REP) y fomento al reciclaje, lo que garantiza el diseño normativo de una serie de reglamentos, entre ellos, los que progresivamente llevarían al aumento de las tasas de reciclaje para cada producto prioritario.


De acuerdo a la opinión de especialistas, a continuación desentrañamos algunos de los principales desafíos que tiene hoy la Ley de Fomento de Reciclaje en Chile.


Mayor involucramiento de los municipios

Raúl Torrealba, actual alcalde de Vitacura y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (Amusa), argumenta que le preocupa que los municipios no estén suficientemente considerados en los sistemas de gestión de residuos que crea la Ley REP, y en la forma de operación establecida en el decreto de envases y embalajes.

“De acuerdo a nuestro ordenamiento, el responsable de la basura en Chile es la municipalidad, y aquí se habla de las empresas y no de los municipios. Las empresas llevan años sin tener ninguna responsabilidad por sus envases, son los municipios lo que tienen que preocuparse cuando eso queda botado, y hoy dónde está el reconocimiento y la participación de los municipios, que son los que hacen esto”, subraya Torrealba.

Asimismo, el presidente de Amusa, manifestó que “los municipios deberían estar siendo considerados en términos mucho más activos, porque son los que tienen la experiencia en este tema y la evidencia empírica de la materia. Entonces me extraña mucho que todavía no estén involucrados ni sean considerados en los términos que corresponde para estos efectos”, afirma.

Inclusión efectiva y mejora de condiciones laborales

Recientemente fue publicado el Decreto Supremo que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes. De acuerdo a Álvaro Alaniz, de la Fundación Reciclaje Inclusivo, en este escenario, se abren espacios para la inclusión efectiva de los recicladores en los nuevos sistemas y la mejora en sus condiciones laborales.

“Ahora los distintos actores deberían tener contratos y regirse por la legislación del trabajo, lo que les permitirá tener mejores condiciones laborales. Por otro lado, este escenario aumenta el desafío de formalización y asociatividad de los recicladores y la necesidad de mejorar capacidades administrativas y logísticas dentro de su negocio, para llegar a ser gestores en este nuevo mercado”, asegura Alaniz.

De acuerdo al especialista, hasta ahora, hay aspectos por mejorar, como el mecanismo de inscripción de recicladores en el RETC y otros aspectos importantes del funcionamiento del sistema, que estarán sujetos a contratos entre sistemas de gestión y gestores, como el rol de los municipios o el cálculo del valor de recolección de materiales.

Avanzar en exportación de residuos peligrosos y promover la libre competencia


Hace un mes la Contraloría General de la República (CGR) no dio curso al Decreto Supremo de Movimiento Transfronterizo de Residuos (DS N°9), que impedía la exportación de residuos peligrosos para su reciclaje/valorización en el extranjero. La decisión del órgano contralor implica que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) debe hacer una revisión exhaustiva de la normativa.

De acuerdo a la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), lo ocurrido con este Decreto, se pudo haber evitado si se hubiera escuchado a estos actores que según ellos, durante cuatro años tocaron las puertas a diversos organismos involucrados para señalar que el texto perjudicaba a las empresas generadoras de residuos peligrosos, que quisieran tratar, reciclar o valorizar adecuadamente por medio de tecnologías modernas y eficientes fuera del país.

Asimismo, la entidad asegura que la normativa también afecta a las empresas gestoras formales para el reciclaje, ya que vulnera un aspecto fundamental de la economía circular como es la libre competencia, con seguridad ambiental y costos racionales.

“En lo personal, estoy convencido que es esencial defender con fuerza la libre competencia y no fomentar la creación de un único poder de compra a nivel nacional, que finalmente termina fijando bajos precios locales de compra del material usado a su arbitrio y provocando distorsiones ambientales, aumentando el comercio internacional ilegal, el quiebre en la formalidad del reciclaje, su seguridad sanitaria-ambiental y trazabilidad”, señaló Alejandro Navech, gerente general de ANIR.


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